3.000 EUROS POR REALIZAR, SIN LOS PERMISOS CORRESPONDIENTES, UNA ACTIVIDAD LUCRATIVA DE SENDERISMO EN LA GRACIOSA.

La justicia ratifica la denuncia de un Agente Medioambiental que detectó como de forma reiterada se realizaba una actividad con ánimo de lucro y sin los permisos necesarios en el Espacio Natural Protegido.

El Juzgado Central Contencioso Administrativo nº5 de Madrid ha dictado sentencia por la que se fija una sanción de 3.000 euros a una empresa que realizaba una actividad lucrativa en la isla de La Graciosa. La magistrada del tribunal estima parcialmente el recurso interpuesto por la empresa en cuestión contra la resolución dictada en 2017 y que le imponía una sanción de 6.000 € por la comisión de una infracción grave, considerando que la sanción debe ser de 3.000 euros. No obstante, la sentencia ratifica las actuaciones realizadas por los agentes medioambiental de servicio y considera que efectivamente se vulneró la normativa al realizar un actividad de senderismo con fines lucrativos y sin la pertinente autorización.

En el año 2017, agentes medioambientales  constataron la presencia de un grupo de senderismo guiado en el espacio natural protegido. La responsable había sido advertida en anteriores ocasiones de la necesidad de obtener autorización para desarrollar una actividad con ánimo de lucro y esas características, por lo que se interpuso denuncia por una supuesta infracción contra las leyes del Patrimonio del Estado y del Turismo de Canarias, así como por infringir el Plan Rector de Uso y Gestión del espacio natural protegido.

La empresa que organizaba estas actividades, y que anunciaba en su página web, carecía de los títulos habilitantes para ejercer la actividad profesional en el espacio protegido, un lugar que constituye una finca del Estado. Además, no contaba con las autorizaciones del Órgano competente en materia medio ambiental, ni con los requisitos de personal contratado y acreditado debidamente para la realización de este tipo de actividades.

La sentencia, dictada en audiencia pública el 12 de febrero de 2018, supone un espaldarazo al trabajo de los agentes medioambientales, que velan por el cumplimiento de la normativa y por que el elevado uso público que se produce en la zona sea compatible con la ordenación del espacio natural y con la conservación del entorno.

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